En medio de la segunda administración de Donald J. Trump, una serie de acuerdos migratorios, de seguridad y cooperación estratégica entre Estados Unidos y Costa Rica han comenzado a revelar un patrón diplomático caracterizado por la opacidad, el pragmatismo y la cesión progresiva de soberanía. A pesar de que ninguna de estas negociaciones ha sido presentada como un tratado formal, el conjunto de acciones ejecutadas bajo discreción oficial configura lo que analistas ya llaman “una alianza no declarada”.
A lo largo de 2025, Costa Rica ha emergido como un socio inesperadamente funcional para los objetivos hemisféricos del nuevo Trumpismo: frenar la migración hacia el norte, consolidar una red de aliados afines en Centroamérica, y asegurar el control indirecto de rutas logísticas, datos migratorios y, eventualmente, recursos estratégicos.
El acuerdo migratorio que “no era un acuerdo”
El primer indicio de esta cooperación no convencional surgió en enero, cuando la administración de Rodrigo Chaves aceptó recibir en territorio costarricense a migrantes deportados por EE.UU. procedentes de Asia, África y Europa del Este. En febrero aterrizó en suelo nacional un vuelo con 135 personas de 14 nacionalidades, muchos de ellos de países sin relaciones diplomáticas fluidas con San José, como Afganistán, Uzbekistán, China o Rusia.
En un inicio, el gobierno tico retuvo a los migrantes en un centro de detención en la fronterizo, mientras negociaba su repatriación. Sin embargo, la resistencia de los afectados y la presión de organizaciones de derechos humanos desnudaron el carácter improvisado del arreglo. Finalmente, Costa Rica se vio obligada a liberar a más de 80 de ellos bajo un estatus humanitario temporal, reconociendo, de facto, que no existía ningún marco legal claro que justificara su internamiento.
Lo que siguió fue aún más revelador: el Ejecutivo nunca informó públicamente del acuerdo migratorio con EE.UU., ni sometió su contenido a escrutinio legislativo. La noticia trascendió solo por el trabajo de medios independientes y declaraciones forzadas tras cuestionamientos legales. La Sala Constitucional intervino más adelante, señalando la violación del debido proceso y la falta de transparencia.
“Recibimos a personas que no vienen de nuestros conflictos ni están bajo nuestra jurisdicción. ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta que nadie en Zapote ha respondido con claridad”, apuntó un exministro de Seguridad bajo condición de anonimato.
Seguridad a puerta cerrada
En junio, la situación se volvió aún más críptica con la llegada al país de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de EE.UU. En una visita fugaz, Noem sostuvo una reunión privada con el presidente Chaves, de la cual fue excluido incluso el ministro de Seguridad Pública. A la salida, se anunció la firma de un “memorándum de entendimiento” para facilitar la implementación del programa Global Entry, una herramienta para viajeros de confianza.
Pero lo que parecía un simple trámite burocrático encendió las alarmas cuando el gobierno costarricense se negó a revelar el contenido del documento, alegando que involucraba “seguridad nacional” y que podría obligar a informar a Washington sobre personas que afecten sus intereses dentro del territorio nacional.
Días después, una solicitud de transparencia forzó su publicación. El documento resultó ser una carta de intención sin fuerza legal, sin cláusulas de inteligencia ni cooperación militar. ¿Por qué entonces tanto secretismo?
“O bien el gobierno costarricense exageró para ocultar el verdadero contenido, o se discutieron temas más delicados que nunca se plasmaron en papel”, sugirió la periodista investigadora Silvia Ulloa en un editorial.
Las sospechas crecieron cuando se reveló que, en paralelo, Estados Unidos ofreció asistencia tecnológica y logística para que Costa Rica escanee a toda persona y mercancía que ingrese a su territorio. Aunque el anuncio se hizo en tono de cooperación contra el narcotráfico, expertos en soberanía advierten que se trata de un sistema de control fronterizo inédito en la región, financiado y posiblemente operado en parte por contratistas estadounidenses.
El factor geopolítico y los intereses en juego
Costa Rica ha sido históricamente un país sin ejército y con un discurso diplomático basado en el respeto a los derechos humanos y el multilateralismo. Sin embargo, bajo la administración Chaves, el país ha ido adoptando un tono más pragmático y funcionalista, acercándose a Washington bajo términos poco convencionales.
Para Trump, esta relación es estratégica. En su cruzada por externalizar el control migratorio como ya lo ha hecho con Panamá, Honduras y El Salvador, Costa Rica ofrece una ventaja adicional: estabilidad institucional, infraestructura aeroportuaria funcional, y una imagen internacional positiva. Convertir a San José en un nodo de contención migratoria encubierta le permite al mandatario republicano reducir la presión en la frontera sur sin ensuciar su narrativa doméstica.
Pero además del componente migratorio, analistas internacionales no descartan que EE.UU. esté moviendo piezas para asegurar presencia en territorios clave que resguarden corredores de tránsito y recursos vitales. La jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, ha sido explícita al enumerar los intereses estratégicos de EE.UU. en Latinoamérica: litio, petróleo, minerales críticos y agua dulce.
Aunque en el caso de Costa Rica no hay indicios de concesiones sobre estos recursos, el patrón observado en países como México (acuerdos de agua), Argentina (privatización del servicio de aguas y tratados sobre minerales) y Panamá (control logístico) permite entrever un enfoque regional más amplio.
“Costa Rica tiene el perfil perfecto para acuerdos silenciosos: es confiable, necesita ayuda, y su clase política es más dócil de lo que aparenta”, explicó un diplomático centroamericano bajo reserva.
¿Riesgo o realismo?
El gobierno de Rodrigo Chaves ha optado por no confrontar a Washington, sino más bien adaptarse a las exigencias de su agenda internacional, confiando en que esto le redituará apoyo económico y prestigio diplomático. Pero el costo de esa estrategia podría ser más alto de lo que aparenta.
La ausencia de transparencia, la exclusión de la asamblea y la reticencia a informar a la opinión pública sobre acuerdos sensibles erosiona los principios democráticos básicos. Incluso si las intenciones son pragmáticas, el secretismo con el que se maneja la política exterior compromete la rendición de cuentas.
En tiempos donde el “realismo político” parece la nueva moneda en la región, la pregunta que queda flotando en el aire costarricense es: ¿a cuántos compromisos no escritos se ha obligado el país… y hasta dónde está dispuesto a ceder?
Crédito: Artículo basado en reportes de prensa entre enero y julio de 2025, análisis de medios regionales, comunicados oficiales y entrevistas confidenciales.
