En las últimas dos décadas, Costa Rica ha presenciado un crecimiento explosivo en el número de partidos políticos. Aunque a primera vista este fenómeno puede parecer un síntoma saludable de pluralismo y participación ciudadana, en la práctica ha generado efectos contraproducentes para la gobernabilidad, la representatividad y la consolidación de liderazgos políticos responsables.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), como órgano rector de los procesos democráticos en el país, debe considerar la implementación de una reforma legal que establezca una ruta escalonada para la inscripción de nuevos partidos políticos: comenzando en el ámbito cantonal, avanzando hacia lo provincial y, sólo tras demostrar consolidación territorial y organizativa, permitir el salto al ámbito nacional.
Esta medida, lejos de restringir derechos democráticos, busca fortalecer la calidad del sistema de partidos, combatir la proliferación de agrupaciones sin raíz territorial ni vocación de permanencia, y fomentar una cultura de responsabilidad política que hoy parece estar en crisis.
La Fragmentación Partidaria como Reto Democrático
La estructura partidaria costarricense ha transitado de un bipartidismo consolidado a un multipartidismo atomizado, lo que ha generado consecuencias evidentes en la calidad de la representación y la eficacia del sistema político. La inscripción masiva de partidos ha dificultado la conformación de mayorías parlamentarias estables, ha debilitado la coherencia de las agendas legislativas y ha fragmentado el voto, exacerbando la desafección ciudadana.
Documentos como “Comportamiento del Electorado Costarricense” y “Abstencionistas en Costa Rica” editados por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, con apoyo del TSE, revelan que uno de los factores que explican el creciente abstencionismo es la percepción de que los partidos no representan intereses reales ni están anclados en las comunidades.
Una Ruta Escalonada para la Maduración Partidaria
Permitir que los nuevos partidos inicien su vida política en el nivel cantonal permitiría observar su capacidad para movilizar electores, articular propuestas locales, consolidar liderazgos y desarrollar una estructura organizativa básica. Aquellos que demuestren solvencia y vocación de servicio público podrán optar luego por su inscripción a nivel provincial, y eventualmente nacional.
Este modelo se inspira en prácticas internacionales de fortalecimiento de partidos y sería coherente con el principio de democracia participativa y representativa consagrado en nuestra Constitución y regulado por el Código Electoral. Además, permitiría al TSE una fiscalización más efectiva sobre el cumplimiento de los requisitos legales y democráticos en cada fase del crecimiento partidario.
Una Reforma por la Democracia Sólida y Representativa
La democracia costarricense necesita menos inflación de siglas y más partidos con raíces. Es momento de que el TSE impulse un proyecto de reforma electoral que regule con criterio progresivo la inscripción de nuevos partidos.
No se trata de cerrar puertas a nuevas voces, sino de asegurarse de que esas voces representen verdaderamente a sectores de la ciudadanía y estén preparadas para asumir con responsabilidad los desafíos de la gestión pública.
Una democracia robusta no se mide por la cantidad de partidos, sino por la calidad de sus propuestas, la fortaleza de su representación y la seriedad de sus actores. Un sistema de inscripción escalonado es el primer paso hacia ese ideal.
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