La Constitución Política en su artículo 29 garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura previa. Asimismo, el Pacto de San José (art. 13) protege este derecho fundamental. Sin embargo, esa protección no es absoluta. El ordenamiento jurídico permite la responsabilidad ulterior: es decir, sancionar a quien, abusando de la libertad de expresión, cause daño mediante la difusión de información falsa o maliciosa.
Pese a ello, Costa Rica carece de una fiscalización efectiva sobre el contenido generado en redes sociales, donde personas sin preparación comunican “noticias” o “información de interés público” que muchas veces son inexactas, manipuladas o deliberadamente falsas. Estas prácticas afectan el derecho ciudadano a la información veraz y debilitan el ejercicio periodístico ético.
El dilema: ¿regular o censurar?
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que no se puede exigir colegiación ni título oficial para ejercer el periodismo (OC-5/85). Por tanto, prohibir que alguien se llame periodista o tenga un medio digital sería inconstitucional.
No obstante, esto no impide:
- Que se les exija responsabilidad legal posterior por daños.
- Que el Estado regule el uso de plataformas digitales.
- Que se promueva la autorregulación ética del ejercicio comunicativo.
El rol del COLPER: de gremio a fiscalizador ético
En este contexto, el Colegio de Periodistas enfrenta un desafío histórico: no puede –ni debe– erigirse como un órgano de censura, pero sí puede y debe asumir un rol activo como referente ético, técnico y formador frente a la desinformación.
¿Qué puede hacer COLPER?
- Certificación voluntaria: Promover un sistema de acreditación de medios digitales y comunicadores que cumplan estándares éticos y profesionales, sin coartar a quienes no lo hagan.
- Observatorio de medios digitales: Crear un mecanismo de monitoreo y denuncia de contenidos falsos o dañinos, con informes públicos y recomendaciones.
- Formación y educación mediática: Ofrecer capacitaciones gratuitas o accesibles para mejorar la calidad del contenido digital y la alfabetización mediática ciudadana.
- Alianzas con plataformas y Estado: Dialogar con redes sociales y entes estatales para que se identifiquen cuentas nocivas, se promueva el contenido verificado y se combata la desinformación organizada.
El vacío legal: ¿necesitamos nueva legislación?
Costa Rica requiere discutir leyes específicas que regulen la publicidad política digital, exijan transparencia en los medios digitales, y combatan la desinformación organizada sin afectar la libertad de expresión individual. Sin embargo, cualquier iniciativa debe ser técnica, participativa y respetuosa de los derechos humanos.
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