En un giro que ha reavivado el debate sobre el futuro del trabajo en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves anunció su intención de reanudar la discusión legislativa del proyecto de ley N.º 24.290, que propone jornadas laborales excepcionales de hasta 12 horas por día. Esto, pese a que la Asamblea Legislativa rechazó recientemente su tramitación por la vía rápida.
El proyecto, que busca permitir jornadas de 4×3 (cuatro días laborales de 12 horas seguidos por tres días libres), fue planteado como una herramienta de modernización para atraer inversión extranjera y aumentar la competitividad. Sin embargo, organizaciones laborales, expertos y defensores de derechos humanos han señalado múltiples riesgos para la salud, la igualdad y la dignidad de las personas trabajadoras.
Una promesa de tiempo libre con condiciones duras
Según datos del propio Ministerio de Trabajo, más del 90% de las personas que ya trabajan bajo esquemas similares manifestaron satisfacción con el tiempo libre acumulado. Pero esa cifra no refleja los riesgos asociados a las largas jornadas, advierten los expertos.
El problema no es solo el tiempo, sino la calidad de las condiciones laborales, la presión para aceptar cambios contractuales y la capacidad del Estado para fiscalizar abusos, explicó la Dra. Alicia Vargas, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR), en entrevista con CRHoy el pasado 17 de mayo.
Un derecho constitucional bajo tensión
La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 58, establece un límite claro: 8 horas por jornada diurna y 48 semanales. Sin embargo, también abre la puerta a excepciones muy calificadas mediante ley, lo que da sustento a la propuesta del Ejecutivo.
Aun así, juristas han advertido sobre el riesgo de vaciar el contenido esencial del derecho al descanso. Legislar en abstracto sobre jornadas de 12 horas para supuestos excepcionales puede generar una flexibilización generalizada y socavar las garantías fundamentales, advirtió el abogado constitucionalista Álvaro Rodríguez en un foro de la Facultad de Derecho de la UCR, realizado en abril de este año.
Un proyecto con limitaciones estructurales
Aunque el texto legal introduce salvaguardas como la necesidad de consentimiento, evaluaciones médicas y procedimientos ante el Ministerio de Trabajo el marco institucional actual no garantiza una fiscalización robusta. La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo opera con recursos limitados, y según datos de la Contraloría General de la República, su capacidad para supervisar nuevas obligaciones no está debidamente reforzada.
Además, las disposiciones para excluir de este tipo de jornadas a mujeres embarazadas, trabajadores menores de edad o personas en situación de cuido dependen de la iniciativa individual de los empleados y del cumplimiento voluntario por parte del empleador.
Desde Ginebra, una advertencia velada
El proyecto cita como respaldo el Convenio N.º 1 de la OIT, ratificado por Costa Rica en 1982, que permite excepciones a la jornada de 8 horas en ciertos contextos industriales. Sin embargo, la Oficina de la OIT para América Central, en una nota enviada al Ministerio de Trabajo en marzo, recordó que estas excepciones deben ser limitadas, justificadas técnicamente y sujetas a control público efectivo.
¿Modernización o precedente peligroso?
La preocupación de fondo es que esta ley, aun con intención reguladora, abra la puerta a una flexibilización laboral permanente y se expanda más allá de los sectores tecnificados o corporativos. Para muchos, esta sería la primera grieta seria en el modelo costarricense de protección al trabajador.
Estamos ante una transformación del contrato social costarricense. Es hora de preguntarnos si queremos un país donde los derechos laborales sean un lujo o una garantía, afirmó la economista Laura Pacheco, exministra de Trabajo, en declaraciones a La Nación (edición del 19 de mayo de 2025).
La batalla apenas comienza
El rechazo en la vía rápida no significa el fin del proyecto. La insistencia del Poder Ejecutivo evidencia que la presión del sector empresarial y la agenda de competitividad global seguirán influyendo en la política interna.
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