En los últimos años, Costa Rica ha sido testigo de un fenómeno creciente: la proliferación de supuestos “comunicadores” en redes sociales, que sin preparación académica ni rigor ético, se autodenominan periodistas y lucran difundiendo desinformación. El vacío normativo existente ha permitido que perfiles en plataformas como TikTok, Facebook o YouTube operen al margen de cualquier regulación, mientras inciden en la opinión pública de manera cada vez más preocupante.
Esta situación se ha agravado con el respaldo implícito y a veces explícito de figuras de poder, como el presidente Rodrigo Chaves, quien ha incentivado un entorno hostil hacia los medios tradicionales, mientras su administración se beneficia del aparato de troles digitales que manipulan narrativas y polarizan a la ciudadanía. La deslegitimación del periodismo profesional ha abierto la puerta para que voces sin preparación, sin colegiatura y sin responsabilidad social se posicionen como referentes informativos, con consecuencias graves para la democracia.
Libertad de expresión, sí; impunidad no
La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 28, garantiza la libertad de expresión, y es cierto que no exige colegiatura obligatoria para ejercer el periodismo. Sin embargo, esta libertad no puede interpretarse como un cheque en blanco para la manipulación masiva de la verdad. La jurisprudencia internacional, desde tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), establece que la libertad de expresión conlleva responsabilidades, especialmente cuando se pone en riesgo el orden público o los derechos de terceros.
En este contexto, la desinformación sistemática promovida por cuentas con intereses económicos y políticos podría considerarse una forma de discurso dañino, susceptible de ser regulado sin violentar los principios constitucionales.
El rol del Colegio de Periodistas y la urgencia legislativa
El Colegio de Periodistas de Costa Rica (COLPER) ha sido crítico ante esta situación, pero su capacidad sancionadora se limita a quienes están inscritos en la institución. Es urgente que esta entidad, junto con diputados conscientes del peligro que representa la desinformación, impulsen un proyecto de ley que delimite el ejercicio profesional de la comunicación en entornos digitales.
Esta legislación no debe buscar censurar, sino establecer estándares mínimos para quienes lucran con la comunicación pública: formación básica en ética informativa, transparencia en los patrocinios, y mecanismos para verificar la veracidad del contenido. Así como la publicidad paga debe identificarse, los perfiles que generan ingresos por informar deben estar sujetos a responsabilidad editorial.
Plataformas digitales y el desafío global
Plataformas como TikTok se han convertido en verdaderos epicentros de desinformación. A diferencia de otras redes que implementan herramientas para etiquetar contenidos falsos o manipulados, TikTok permite la libre circulación de videos sin escrutinio, salvo por palabras clave en audios o comentarios. Este modelo, combinado con algoritmos de amplificación emocional, convierte la red en terreno fértil para narrativas falsas.
Desde el derecho internacional, existen precedentes que respaldan una mayor intervención estatal. La Unión Europea, por ejemplo, ha aprobado normativas como el Digital Services Act, que obliga a las plataformas a implementar controles contra la desinformación. Costa Rica puede y debe tomar ejemplo, adaptando medidas similares a su contexto constitucional y legal.
¿Hacia dónde vamos?
Lo más peligroso no es solo la mentira, sino la normalización de la mentira como herramienta política. Costa Rica necesita un marco legal que responda a los desafíos del siglo XXI sin caer en la censura, pero sí defendiendo el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y confiable. La democracia no se defiende con silencio, sino con acciones firmes y responsables.
La regulación de quienes lucran con la palabra pública no es una amenaza a la libertad de expresión. Es su complemento necesario en tiempos donde la desinformación no solo engaña, sino que divide y debilita el tejido democrático.
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