Ego sobre diálogo: un estilo confrontativo
Desde su llegada al poder en 2022, el presidente Rodrigo Chaves Robles ha adoptado un estilo de gobierno confrontativo, negado al diálogo y la negociación. En lugar de tender puentes con opositores, prensa o sectores sociales, Chaves ha preferido las imposiciones unilaterales y ataques verbales. Un ejemplo temprano fue la destitución fulminante de autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 2022, luego de que su junta directiva aprobara un ajuste salarial atrasado para los funcionarios sin su visto bueno. En vez de buscar consenso, el presidente removió al jerarca de la institución y suspendió a cinco directivos. Esta tendencia a evitar la concertación y castigar la disidencia se ha manifestado también en otros ámbitos, ganándole comparaciones con líderes populistas autoritarios. De hecho, observadores han notado un “aroma a Donald Trump” en Casa Presidencial, pues Chaves ataca cotidianamente a la prensa crítica y señala públicamente a periodistas que cuestionan su gestión. En conferencia de prensa llegó a calificar a ciertos medios y reporteros como “sicarios políticos” y “malditos”, según documentó un fallo de la Sala Constitucional en 2023. Esta hostilidad hacia la prensa independiente llevó incluso al Departamento de Estado de EE.UU. a alertar sobre la intimidación contra medios. El resultado es un clima político enrarecido: Chaves inflama la polarización y alimenta su ego combativo, a costa de debilitar el diálogo democrático que históricamente caracterizó a Costa Rica.
Trolls y manipulación de la opinión pública
Otra faceta polémica del gobierno de Chaves ha sido la presunta utilización de “troles” y redes coordinadas en redes sociales para atacar a críticos y ensalzar la imagen presidencial. El escándalo estalló a finales de 2022 cuando se reveló que la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, pagó con fondos de su cartera a un personaje ficticio en redes (manejado por Alberto Vargas) para difundir mensajes contra periodistas y opositores. Este “trol” gubernamental conocido como Piero Calandrelli no actuaba solo: Vargas confesó la existencia de una red de cuentas coordinadas desde Casa Presidencial por un allegado oficial (un relacionista público apodado “pastor Junior”). Sus publicaciones seguían tres líneas: alabar al gobierno, atacar a la prensa crítica y desacreditar a figuras de oposición. Lejos de condenar estos hechos, el presidente minimizó el asunto. “No me voy a prestar a escandalillos baratos”, declaró Chaves, defendiendo la continuidad de su ministra pese a las pruebas del pago al trol. Chaves desestimó la polémica como una “tormenta en un vaso de agua” e insistió en que “la ministra de Salud sigue” en el cargo. La reacción oficial ,trivializando la operación de propaganda sucia causó indignación en muchos sectores. ¿Por qué un gobernante que “hace las cosas bien” necesitaría contratar troles? La pregunta quedó flotando. Para sus críticos, la respuesta es clara: cuando falta respaldo genuino del pueblo, se recurre a maquinaria de manipulación digital. El fenómeno evidencia una peligrosa distorsión de la opinión pública orquestada desde el poder, algo inédito en la política costarricense reciente y más propio de regímenes autoritarios de la región.
Corrupción: financiamiento ilícito y contratos bajo la lupa
Si el estilo personal de Chaves genera polémica, sus escándalos de corrupción han encendido aún más las alarmas. Pese a llegar al poder con un discurso antipartido y anticorrupción, Chaves enfrenta hoy graves acusaciones por irregularidades financieras tanto en su campaña electoral como en su gestión gubernamental. La Fiscalía General acusó formalmente al presidente y a seis colaboradores cercanos por su presunta participación en un financiamiento político ilícito de la campaña de 2022 que lo llevó al poder. Según las investigaciones, el partido oficial (PPSD) operó un “esquema oscuro de financiamiento” durante la elección, recibiendo dinero de empresas, personas e incluso extranjeros sin reportarlo al tribunal electoral. De hecho, nunca en la historia costarricense la Corte Suprema de Justicia había pedido levantar la inmunidad a un presidente en funciones: ocurrió en julio de 2025, cuando 15 magistrados votaron a favor de retirarle el fuero a Chaves para que enfrente cargos penales por concusión. El caso específico involucra un contrato de $405.800 financiado mediante un convenio con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La acusación indica que Chaves, junto a su jefe de despacho y un asesor, diseñaron a la medida ese contrato de servicios de comunicación para favorecer a un empresario amigo (Christian Bulgarelli), a cambio de que este les pagara $32.000 en beneficio personal (beneficiando un asesor presidencial). En otras palabras, se habría amañado una licitación pública con fondos internacionales para premiar a un allegado del mandatario, configurando un acto de corrupción sin precedentes. El propio BCIE sancionó al empresario involucrado vetándolo por 7 años, tras admitir este que elaboró los términos del contrato en coordinación con funcionarios del gobierno.
No es el único caso que ensombrece la bandera anticorrupción de Chaves. Durante sus primeros 22 meses, su gobierno adjudicó cerca de 50 contratos por ₡78 mil millones a la constructora MECO S.A., empresa emblemática del megacaso Cochinilla (investigada por pagar sobornos en obras viales). Irónicamente, Chaves había fustigado públicamente a las “empresas cochinilla” y prometido no tolerarlas, pero sus hechos contradicen sus palabras: continuó otorgándoles jugosos contratos de obra pública. En 2024, el presidente destituyó a su ministro de Obras Públicas y al director de Aviación Civil alegando un contrato amañado con MECO para reparar una pista aérea. Sin embargo, la empresa respondió que Chaves estuvo al tanto y nada objetó durante el proceso, tildando de falsas sus acusaciones. Peor aún, salió a la luz que el propio Chaves, su ministra de la Presidencia y el jefe de la Comisión Nacional de Emergencias están bajo investigación penal por firmar un decreto que declaró de emergencia esas reparaciones, posiblemente de forma irregular, para facilitar la contratación directa. Estos episodios han mellado la credibilidad del gobierno. Cada día cobra más vigencia la pregunta de si el “gobierno del cambio” fue solo un lema vacío, cuando en la práctica reproduce los vicios de la vieja política o quizás, algo más turbio.
Poder absoluto y sombras detrás del trono
Sumado a los casos anteriores, Chaves ha demostrado una inquietante tendencia a concentrar el poder y debilitar contrapesos institucionales. En apenas tres años, ha intervenido las juntas directivas de múltiples entidades clave: removió miembros del consejo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por supuestas irregularidades nunca comprobadas; suspendió directivos de la CCSS que contrariaron sus órdenes; destituyó representantes en el Banco Popular y tardó más de lo permitido en restituirlos para mantener control sobre esa junta; y recientemente cesó en bloque a toda la junta del Banco Nacional, el principal banco público, alegando nombramientos “irregulares”. El patrón es claro: cuando alguna entidad toma decisiones que disgustan al presidente, este no duda en descabezarla e instalar personas afines. Para muchos, estos actos configuran un tinte autoritario. “Esto es casi de una dictadura, donde el Ejecutivo irrespeta la separación de poderes y se aprovecha de vacíos legales”, denunció un líder sindical tras la toma del Banco Nacional, calificando a la administración Chaves como “un gobierno totalitario”. La concentración de poder ha llegado a tal punto que algunos temen que detrás de estos movimientos exista un plan oculto: por ejemplo, controlar el Banco Nacional podría servir para manejar el financiamiento de futuras campañas políticas en favor del chavesismo.
La situación ha generado especulaciones sobre quién mueve realmente los hilos detrás del presidente. Rodrigo Chaves se presentó como un outsider sin compromisos, pero las sombras en el origen de su campaña y en su círculo cercano siembran dudas. ¿Quién financió aquella estructura paralela que costeó su ascenso al poder? ¿Qué intereses se benefician de los contratos y decisiones anómalas de su gobierno? En la calle, entre sus detractores acérrimos, incluso se murmuran términos extremos como “narcogobierno”. Si bien no hay evidencia pública de vínculos del presidente con el crimen organizado, el mero hecho de que surjan tales acusaciones refleja un clima de desconfianza sin precedentes en la política costarricense. La ausencia de transparencia en el financiamiento político, los pactos entre bambalinas y la agresividad contra cualquier fiscalización alimentan la percepción de que algo oscuro opera tras la silla presidencial.
¿Hacia dónde va Costa Rica?
Costa Rica, por décadas ejemplo de estabilidad democrática en la región, enfrenta ahora la incertidumbre de un liderazgo que tomó el camino difícil de la confrontación constante. Rodrigo Chaves ha preferido inflar su ego antes que tender la mano, gobernar a golpe de titular y enemigo imaginario antes que mediante consensos reales. El costo de este estilo se refleja en instituciones fracturadas, escándalos de corrupción en aumento y una sociedad dividida y atónita. Si el presidente no rectifica el rumbo abriendo espacios de diálogo, rindiendo cuentas con honestidad y frenando los abusos de poder, su legado podría ser el de haber socavado los cimientos de la democracia costarricense. En última instancia, un gobernante seguro de hacer las cosas bien no necesita troles, ni artimañas, ni cortinas de humo. Le bastaría con la legitimidad que otorga el apoyo auténtico de su pueblo. Y ese apoyo solo se gana gobernando para la gente, no contra ella.
