Diputados del Frente Amplio deliberan en el plenario legislativo de Costa Rica. Cuando el joven diputado Andrés Ariel Robles Barrantes tomó el micrófono en la Asamblea Legislativa a inicios de julio, anunció la presentación de 1.800 mociones contra un polémico proyecto de ley laboral conocido como “Jornadas 4×3”. Con esa inusual maniobra parlamentaria, la bancada izquierdista buscaba frenar el trámite acelerado del proyecto y “una discusión democrática, amplia, donde todo el pueblo trabajador pueda participar”. La escena resume la renovada influencia de la izquierda en Costa Rica, encarnada en el partido Frente Amplio (FA), que ha pasado de ser una fuerza marginal a erigirse como la voz opositora más combativa en defensa de los valores verdes, sociales y laborales tradicionales del país.
Raíces progresistas en la idiosincrasia tica
Costa Rica se precia de un legado progresista poco común en la región. Desde mediados del siglo XX, el país abolió el ejército y priorizó la educación pública, la salud universal y la protección ambiental, cimentando un Estado de bienestar robusto. Durante décadas, estos logros fueron impulsados por gobiernos de corte socialdemócrata o socialcristiano, mientras los partidos de izquierda tradicional permanecían relegados. Tras la Guerra Civil de 1948, el Partido Comunista fue proscrito y cualquier atisbo de izquierda radical quedó al margen. No obstante, las causas progresistas educación para todos, acceso universal a la medicina, inversión social, derechos laborales y protección ambiental, calaron hondo en la ciudadanía costarricense, formando parte del consenso nacional.
En la década de 1990 y 2000, el avance del neoliberalismo y propuestas de privatización generó una reacción social que reavivó la organización de la izquierda. Un punto de inflexión ocurrió en el año 2000 con las protestas contra el “Combo ICE”, un plan para privatizar la compañía eléctrica y de telecomunicaciones estatal. La movilización popular exitosa contra aquel proyecto reunió a diversos sectores sociales y sembró la semilla para un nuevo partido. Del liderazgo de esas protestas emergió el politólogo José Merino del Río, un español nacionalizado costarricense y veterano de la izquierda, quien en 2004 fundó el Frente Amplio. El FA nació como una coalición de activistas antineoliberales, ecologistas y defensores de lo público, decidido a demostrar que “otra Costa Rica es posible, otro mundo es posible”.
El Frente Amplio irrumpe en la política nacional
En sus primeros años, el Frente Amplio fue una fuerza minoritaria, con Merino ocupando durante 2006-2010 el único escaño del partido en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en la siguiente década la agrupación experimentó un crecimiento vertiginoso. La figura joven y elocuente del abogado José María Villalta se convirtió en la cara del FA. Villalta, discípulo de Merino, resultó elegido diputado en 2010 y lanzó su candidatura presidencial para 2014. A contracorriente de las expectativas iniciales, Villalta subió como la espuma en las encuestas durante aquella campaña, llegando a liderar en intención de voto en algún momento. Su discurso contra la corrupción, en defensa del ambiente y la justicia social, conectaba con un electorado desencantado con los partidos tradicionales.
El sorpresivo auge de Villalta alarmó a las élites políticas. En la recta final de la campaña de 2014, sus rivales desataron una “campaña del miedo”, intentando asociarlo con el chavismo venezolano y otros gobiernos autoritarios de izquierda. Medios influyentes como La Nación publicaron piezas insinuando afinidades del Frente Amplio con el modelo de Venezuela o el sandinismo de Nicaragua, pese a las reiteradas negaciones de Villalta. Aun así, en las urnas el FA registró un resultado histórico: Villalta quedó en tercer lugar con cerca del 17% de los votos, solo por detrás de los candidatos de los partidos tradicionales, y el Frente Amplio elevó su representación legislativa de 1 a 9 diputados para el período 2014-2018. Ningún partido de izquierda había obtenido un respaldo similar en la historia reciente costarricense.
“El Frente Amplio representa una izquierda moderna, democrática”, defiende Villalta al rememorar aquella etapa. Para muchos costarricenses, fue evidente que las banderas del FA luchaban contra la corrupción, protección de la Caja del Seguro Social, oposición a concesiones mineras y energéticas, derechos humanos y ambientales, no eran consignas extremistas importadas, sino extensiones naturales de las conquistas nacionales. Aun así, el temor infundido por la etiqueta de “comunista” cobró factura: en la elección de 2018, sin Villalta como candidato, el Frente Amplio sufrió un descalabro electoral, cayendo a menos del 1% de votos y retornando a un solitario escaño legislativo. La vieja aversión a la izquierda no desaparecía de la noche a la mañana.
Lejos de extinguirse, el FA aprovechó esos años para renovarse internamente y madurar sus posiciones. En palabras de Villalta: “Somos una fuerza política más madura… Algunos podrían señalar eso como centrismo. Hoy probablemente estemos más cerca del centro que de posturas radicales”. Esa autocrítica, expresada antes de los comicios de 2022, reflejó el afán del Frente Amplio por ampliar su base moderando su imagen, sin abandonar principios fundamentales. La estrategia dio frutos. En las elecciones de febrero de 2022 el partido experimentó un nuevo repunte: Villalta volvió a encabezar la papeleta presidencial (obtuvo 8,7% de votos) y, aunque no alcanzó el balotaje, el Frente Amplio logró elegir 6 diputaciones, la fracción más grande de su historia después de 2014, con varios jóvenes dirigentes debutando en Cuesta de Moras.
Ariel Robles, Sofía Guillén, Rocío Alfaro, Priscilla Vindas, Antonio Ortega y Jonathan Acuña integran esa nueva camada parlamentaria de izquierda. Con un promedio de edad menor a 40 años y activismo en movimientos sociales, han dado al Frente Amplio mayor visibilidad en la agenda pública. Robles, educador de 33 años proveniente del sureño San Isidro de El General, asumió un rol prominente como jefe de bancada y recientemente anunció su precandidatura presidencial para 2026. Junto a Guillén, economista especializada en temas fiscales, y sus colegas, han marcado la diferencia en el Congreso: fiscalizan con vehemencia al Poder Ejecutivo, negocian alianzas puntuales con partidos tradicionales en pro de la educación y la salud, y se han ganado incluso los ataques directos del presidente Rodrigo Chaves, quien suele descalificar sus posturas “ideológicas”. Paradójicamente, algunos analistas señalan que al erigir al Frente Amplio como su némesis, Chaves podría estar dándole mayor relevancia y haciendo crecer a la izquierda de cara a 2026.
Una agenda verde, social y laboral en la Asamblea
Lejos de la retórica vacía, la bancada frenteamplista ha procurado concretar sus principios en iniciativas legislativas. Durante el primer año de este período, el Frente Amplio asegura haber presentado 63 proyectos de ley, de los cuales 6 han sido aprobados en el plenario (incluyendo algunos en consenso multipartidista). Su línea programática se centra en fortalecer el Estado social de derecho, proteger el medio ambiente y garantizar derechos. A continuación, se resumen algunas de las iniciativas más destacadas impulsadas por el FA recientemente:
- Protección electoral e institucionalidad democrática: La fracción frenteamplista acogió y presentó a trámite tres reformas electorales elaboradas por el Tribunal Supremo de Elecciones, que ningún otro diputado había impulsado. Estas reformas buscan mejorar la equidad en el financiamiento de partidos, la representatividad partidaria y regular la propaganda digital demostrando el compromiso del FA con el fortalecimiento de la democracia y la transparencia electoral.
- Defensa ambiental y modelo energético sostenible: En febrero de 2024, el FA apoyó decididamente un proyecto de ley para prohibir por ley la exploración de gas natural y petróleo en Costa Rica, transformando en mandato legal la moratoria vigente desde 2002. El diputado frenteamplista Ariel Robles votó a favor en la Comisión de Ambiente junto a legisladores de varias bancadas, logrando un dictamen afirmativo a contrapelo del afán del gobierno por explotar gas natural. “Llevamos muchos años con la moratoria y es momento de convertirla en ley”, argumentó uno de los proponentes, apuntalando la postura unánime del FA de priorizar energías limpias y evitar los estragos socioambientales del extractivismo.
- Educación superior para todos: Coherente con la histórica defensa de la educación pública en Costa Rica, el Frente Amplio luchó por aumentar el presupuesto de las universidades estatales (FEES). En octubre de 2024 se alió con el Partido Liberación Nacional y el PUSC para aprobar un incremento del 2% en el FEES 2025, redirigiendo ₡11.521 millones hacia las universidades. La iniciativa promovida por PLN y FA, prosperó tras un cambio de posición de diputados socialcristianos que se unieron al acuerdo. “El Frente Amplio no defiende el FEES por dogma, sino para garantizar oportunidades y becas a miles de estudiantes”, sostuvieron sus voceros. Pese a la oposición del oficialismo y sectores conservadores, la medida reafirmó el compromiso de la izquierda con la educación gratuita y de calidad.
- Rescate de la Caja y salud pública: En noviembre de 2023, la diputada Rocío Alfaro y la fracción del FA presentaron un proyecto de ley para eliminar la figura de la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La iniciativa busca que la Junta Directiva de la CCSS elija a su presidente interno, quitándole al Poder Ejecutivo la potestad de nombrar un jerarca político. Según los proponentes y sindicatos de salud, la presencia de un presidente ejecutivo impuesto por el gobierno de turno lesiona la autonomía de la Caja y abre portillos a intereses políticos ajenos a los asegurados. “La Presidencia Ejecutiva ha sido utilizada por el Gobierno para dirigir políticamente la entidad, en lugar de hacerlo de forma técnica… permite al Gobierno tomar la dirección de la Caja conforme a intereses espurios”, denunció Martha Rodríguez, representante de trabajadores en la CCSS, al avalar el proyecto frenteamplista. Con ello, el FA se erige en guardián del modelo solidario de salud, buscando blindarlo de intentos de politización o privatización encubierta.
- Derechos laborales y sociales: La férrea oposición del Frente Amplio al proyecto de jornadas laborales de 12 horas (4×3) es muestra de su defensa de las conquistas obreras. Mientras una mayoría legislativa aprobó darle trámite rápido a esa reforma, el FA, solo junto a 2 diputados de otras fracciones votó en contra de recortar el debate. Acto seguido inundó el expediente con miles de mociones de modificación, en una suerte de filibusterismo justificado. “No buscamos obstruir por capricho… queremos un debate donde la clase trabajadora pueda ser escuchada”, explicó Alfaro, jefa de fracción. La táctica logró abrir espacio para introducir mejoras como votar secretamente en cada empresa la adopción de la jornada 4×3 y reducir la jornada de 12 a 10 horas. De igual forma, el FA ha presentado proyectos para restaurar el derecho pleno a la huelga y la protesta (limitados por una reforma en 2019), así como para aliviar deudas de pequeños productores afectados por shocks económicos. En cada iniciativa, la constante es la misma: respaldo a los sectores más vulnerables y al trabajador de a pie, honrando su lema de justicia social.
- Avances en derechos humanos: Aunque las agendas económicas y ecológicas han dominado titulares, el Frente Amplio no descuida las luchas por la igualdad. Sus diputados promovieron en 2023 un proyecto de ley pionero de Reconocimiento Legal de las Identidades Trans, No Binarias, de Género Diverso e Intersex, elaborado junto a organizaciones de derechos humanos. La propuesta busca garantizar cambios de nombre y género en documentos, protección a niñeces intersexuales de intervenciones forzadas y plena participación política de las personas trans. “Este no es el primer proyecto de ley trans, pero sí uno integral que reconoce los derechos humanos de estas personas”, explicaron sus gestores. El FA también se ha posicionado a favor de los derechos de las mujeres (impulsando la paridad política y condenando la violencia de género) y de poblaciones históricamente excluidas. Estos esfuerzos evidencian que la izquierda costarricense abraza un progresismo amplio, que incluye la justicia social, económica y también la igualdad de derechos civiles.
Gracias a esta frenética actividad parlamentaria, algunas propuestas frenteamplistas han logrado incluso convertirse en ley o influir en la agenda nacional, a pesar de que el partido solo tiene 6 de los 57 escaños. Por ejemplo, varias reformas electorales impulsadas por el FA fueron dictaminadas y avanzan en el Congreso. Estas victorias muestran la habilidad de la izquierda para tender puentes tácticos con partidos tradicionales en temas de interés común (como ambiente o educación), sin ceder en su esencia. A la vez, en asuntos donde existe un claro choque ideológico como las reformas laborales proempresa o recortes al gasto social, el Frente Amplio no ha dudado en erigirse en dique de contención, aunque ello implique asumir costos políticos o quedarse solo en la trinchera.
Del estigma “comunista” al socialismo a la tica
Si bien las propuestas del Frente Amplio resuenan con banderas históricas del país, el partido debe lidiar todavía con la sombra alargada de los prejuicios anticomunistas. En círculos conservadores y en redes sociales, no es raro escuchar que apoyar al FA equivaldría a “convertir a Costa Rica en Venezuela o Cuba”. Este discurso simplista alentado por sectores ignorantes de la diversidad de la izquierda democrática ha sido un obstáculo recurrente. Desde 2014, en que se tachó a Villalta de “castro-chavista” en plena campaña, hasta la actualidad, donde figuras afines al oficialismo tildan al FA de “retrogrado” o “extremista”, la equiparación con los regímenes autoritarios de la región ha sido el arma favorita para desacreditar al ascendente partido de izquierda.
Sin embargo, los frenteamplistas han aprendido a encarar esos fantasmas de frente. Su respuesta ha sido marcar con énfasis las diferencias entre su “socialismo a la tica” y las experiencias foráneas. “El Frente Amplio echa sus raíces en las tradiciones democráticas de Costa Rica… Es una izquierda profundamente democrática, y eso nos distancia abismalmente de cualquier gobierno de otros países que haya seguido caminos autoritarios”, enfatiza José María Villalta. El veterano líder insiste en que su único compromiso es con el pueblo costarricense y la institucionalidad patria: “Yo no tengo ningún vínculo con otros gobiernos. Mi vínculo es con el pueblo costarricense. Creemos que la democracia es el camino para lograr transformaciones… Socialismo a la tica es democracia profunda, real… no es incompatible con la empresa privada”.
En la práctica, el Frente Amplio ha respaldado y ejercido la democracia representativa a carta cabal. Lejos de buscar concentrar el poder, la bancada frenteamplista suele exigir más participación ciudadana y descentralización. Por ejemplo, sus diputados promovieron presupuestos consultivos con comunidades, defienden las juntas directivas tripartitas en instituciones como la CCSS, y han condenado sin ambages las violaciones a derechos humanos en países aliados o vecinos. De hecho, el propio Villalta consciente del daño que causó la campaña del miedo en 2014, aclaró en su momento que condena cualquier quebranto democrático venga de donde venga, sea de izquierda o de derecha. Tal postura le valió críticas de sectores más duros de la izquierda latinoamericana, pero fortaleció su credibilidad ante el electorado moderado costarricense.
El reto para el FA consiste en educar al electorado para que juzgue sus propuestas por sus méritos y resultados, no por etiquetas ideológicas anacrónicas. Organizaciones sociales cercanas al partido, como sindicatos y colectivos ambientalistas, han ayudado a desmentir la caricatura del ogro comunista, subrayando que el Frente Amplio “siempre ha defendido la democracia y los derechos humanos”. Incluso adversarios políticos reconocen en privado la seriedad técnica de muchos proyectos frenteamplistas, aunque en público continúen con la muletilla de comparar al FA con extremos extranjeros.
Hacia el futuro: ¿una nueva mayoría social?
La creciente aceptación de los postulados del Frente Amplio indica que la izquierda costarricense está dejando de ser marginal para convertirse en una alternativa de poder real. A mediados de 2025, Ariel Robles se alista para asumir el desafío que José María Villalta enfrentó en 2014: competir por la Presidencia de la República bajo la bandera naranja y negra. A sus 33 años, Robles docente de profesión y activista comunal encarna un relevo generacional y presenta un discurso centrado en “esperanza y cambio con responsabilidad fiscal”, tratando de atraer tanto a la base progresista como a votantes desencantados del oficialismo populista de Rodrigo Chaves. “No odiamos al sector privado; odiamos la corrupción y la desigualdad”, repite Robles en giras por todo el país, distanciándose de la retórica chavista que le achacan sus detractores.
De cara a las elecciones de 2026, el escenario político se muestra fragmentado. Mientras las derechas se dividen entre el chavismo retórico de Chaves (quien sin partido fuerte deberá buscar la reelección con un movimiento personalista) y fuerzas tradicionales debilitadas, el Frente Amplio percibe una oportunidad para aglutinar un frente progresista amplio. Aunque por ahora no hay alianzas formales, el debilitado Partido Acción Ciudadana (centroizquierda) se ha mostrado abierto a conversar sobre una posible coalición “antineoliberal y antipopulista” con el FA. Si esas negociaciones fructificaran, la izquierda costarricense podría presentarse unida tras una candidatura única, algo inédito en la historia reciente.
Más allá de los cálculos electorales, el crecimiento del Frente Amplio refleja un cambio sociopolítico más profundo. Nuevas generaciones de costarricenses, formadas en la era postbipartidista, parecen menos susceptibles al miedo al “coco comunista” y más preocupadas por soluciones concretas a problemas actuales: la crisis climática, la desigualdad de ingresos, el desempleo juvenil, la corrupción en lo público y lo privado. En todos esos temas, la izquierda ha logrado imponer su marco discursivo. Temas antes tabúes como una reforma tributaria progresiva (impuestos a grandes capitales y herencias), la diversificación energética postfósil, o la ampliación de derechos civiles, se discuten hoy en el país con relativa normalidad, en buena medida gracias a la persistencia del Frente Amplio en el debate legislativo y mediático.
Por supuesto, quedan desafíos importantes. El FA debe demostrar que puede trascender el ámbito legislativo y gestionar eficazmente a nivel ejecutivo o local. Hasta ahora solo ha administrado una alcaldía (Barva, Heredia, 2016-2020) y algunos puestos en coalición municipal, con resultados mixtos. Además, la polarización política alimentada por redes sociales puede endurecerse a medida que se acerque la campaña, y no faltarán intentos de vincular cualquier revés económico o escándalo regional con la narrativa de “es culpa de la izquierda”. Ante ello, el Frente Amplio apuesta por la coherencia y la cercanía: sus diputados realizan constantes giras de rendición de cuentas en comunidades, y Robles al mejor estilo de un candidato antiestablishment, ha dicho que “recorrerá hasta el último pueblo para escuchar a la gente de primera mano”. Este contacto directo busca contrarrestar la desinformación y consolidar una mayoría social que respalde un proyecto de izquierda democrática.
En la Costa Rica de hoy se percibe una especie de realineamiento político. El histórico bipartidismo PLN-PUSC quedó atrás hace tiempo, y en su lugar emergen nuevas fuerzas en los extremos moderados del espectro: por un lado, el experimento heterodoxo-populista de Rodrigo Chaves; por el otro, el Frente Amplio como heredero de la mejor tradición social costarricense, pero con visión renovada. Lejos de ser una imposición ideológica foránea, el proyecto izquierdista tico busca reavivar los principios que la ciudadanía siempre ha valorado educación, salud, ambiente, empleo digno, adaptándolos al siglo XXI.
Como bien resume José María Villalta, “el socialismo a la tica” no pretende calcar modelos externos, sino profundizar la democracia y la justicia social dentro de la singularidad costarricense. Si el Frente Amplio logra convencer a la mayoría de que esa ruta es viable y deseable, Costa Rica podría ver en un futuro cercano algo que nunca ha tenido en tiempos modernos: un gobierno abiertamente de izquierda, surgido de las urnas y respaldado por la voluntad popular. Quizás entonces, finalmente, los fantasmas de La Habana y Caracas dejarán de rondar en el imaginario político nacional, sepultados por la realidad de un país que progresa cuidando su naturaleza, invirtiendo en su gente y defendiendo la libertad.
