Costa Rica, país reconocido históricamente por su estabilidad y vocación pacifista, enfrenta un preocupante deterioro en su tejido social. En los últimos años se ha observado una erosión de valores como el respeto y la solidaridad, fenómeno que coincide con un incremento de la violencia y de la sensación de inseguridad ciudadana. Analistas señalan que la falta de inversión social por parte del actual gobierno ha profundizado brechas entre la Gran Área Metropolitana (GAM) y las zonas rurales, dejando a comunidades vulnerables en el olvido. Este panorama crítico ha detonado alarmas en diversos sectores y ha motivado a organizaciones civiles a proponer soluciones, recordando que la recuperación de los valores inicia en el hogar.
Valores en declive y fractura del tejido social
Líderes de opinión y expertos advierten de una crisis de valores en la sociedad costarricense. La convivencia cotidiana evidencia menos respeto y empatía: proliferan discursos de odio, discriminación e indiferencia hacia los más vulnerables. Un informe de Naciones Unidas reveló un aumento del 50% en mensajes de odio y discriminación en redes sociales en solo un año. La ONU instó a Costa Rica a fortalecer la educación en ciudadanía y respeto, ante la normalización de expresiones violentas en el debate público. Este clima hostil no solo se limita al mundo virtual; también se manifiesta en actitudes individualistas en la vida diaria. “Es una tristeza observar el deterioro de la sociedad costarricense… muchos nunca han ido a la zona rural… No les importa el destino de miles de personas porque achacan a decisiones individuales su mala suerte” denuncia una columna de opinión local, al criticar la falta de solidaridad y la indiferencia hacia las comunidades fuera del círculo privilegiado de San José. En comparación con la Costa Rica solidaria de décadas pasadas, hoy diversos indicadores sociales muestran un retroceso en calidad de vida promedio, acompañado por menor confianza en las instituciones y en el prójimo. La pérdida de valores de honradez, transparencia y respeto está abriendo espacio a la ley del más fuerte, socavando la cohesión social.
Violencia al alza: cifras récord y nuevo rostro del crimen
Este deterioro social viene acompañado de un repunte de la violencia. Costa Rica cerró 2024 con 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia, apenas por debajo de los 905 asesinatos de 2023, que marcaron un récord histórico. La tasa de homicidios alcanzó 16,6 por 100.000 habitantes en 2024, situando al país entre los más violentos de Latinoamérica ese año. Las autoridades atribuyen gran parte de estos crímenes a las disputas entre bandas de narcotráfico, que han extendido sus tentáculos especialmente en las provincias costeras del Caribe y Pacífico. El fenómeno evidencia una transformación en la criminalidad: 7 de cada 10 homicidios obedecen a “ajustes de cuentas” del crimen organizado, y preocupantemente un 41% de las víctimas en 2024 eran jóvenes menores de 30 años. Regiones tradicionalmente apartadas del desarrollo ahora concentran la violencia: la provincia caribeña de Limón registró una tasa de 37,8 homicidios por 100.000 habitantes en 2024, más del doble de la media nacional, seguida por Puntarenas con 29,5. Estos datos muestran cómo la inseguridad golpea con más fuerza a las comunidades periféricas, donde el Estado tiene menor presencia. Incluso formas de violencia cotidianas se han vuelto noticia frecuente, desde asaltos hasta riñas vinculadas al irrespeto y la intolerancia. La imagen de “oasis de paz” que tenía Costa Rica se resquebraja ante la realidad de una criminalidad al alza y cada vez más visible.
Desigualdad creciente: el abismo GAM–periferia
Las brechas sociales y económicas entre el próspero Valle Central (donde se ubica la GAM) y el resto del país se han ensanchado, alimentando resentimiento y exclusión. Aunque la tasa oficial de pobreza nacional bajó a 18% de los hogares en 2024 – la más baja en 14 años, persiste una marcada desigualdad regional: la pobreza afecta al 22,1% de los hogares rurales, frente al 16,4% en las zonas urbanas. Históricamente, cantones céntricos como San José, Curridabat o Escazú concentran oportunidades y servicios, muy por encima de cantones rurales o costeros. “Algunos piensan que Costa Rica se reduce al cantón central de San José… Muchos nunca han ido a la zona rural…”, apunta el filósofo Andi Mirom al criticar la desconexión de las élites urbanas respecto a la periferia. La falta de empleo digno, infraestructura y presencia estatal fuera del núcleo metropolitano ha creado caldos de cultivo para la violencia y el narcotráfico, que aprovechan la mayor inequidad en las provincias costeras. De hecho, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alertó que, en Limón, Puntarenas y otras regiones olvidadas, el narco recluta con facilidad a jóvenes sin oportunidades. El director del OIJ, Randall Zúñiga, hizo un llamado urgente a “apostar por la inversión social, especialmente en las zonas costeras, para evitar que los jóvenes ingresen a las bandas criminales”. En sus palabras, la desigualdad extrema en esas zonas está siendo aprovechada por grupos delincuenciales para ganar territorio. La fractura social entre el centro y la periferia no solo es económica, sino también de acceso a educación, salud y hasta de atención mediática, profundizando la sensación de olvido en amplios sectores de la población.
“Una sociedad que olvida enseñar respeto en casa, termina aprendiendo violencia en las calles.”
Políticas bajo la lupa: ¿un Estado ausente?
Diversos sectores señalan la falta de inversión social del actual gobierno como un detonante de esta descomposición social. Para reducir el déficit fiscal, la administración ha recortado gastos en programas sociales básicos, una estrategia que economistas y sociólogos tildan de “poco inteligente” por crear una deuda social que pasará factura. Un informe del CINPE (UNA) reveló que el financiamiento de la protección social pública cayó a 14,5% del PIB entre 2022 y 2023, el nivel más bajo desde 2015, debido a la política de austeridad gubernamental. Esta baja inversión social genera una verdadera descomposición social, advierten los expertos. La consecuencia inmediata ha sido el deterioro de servicios esenciales: la educación pública y la salud muestran señales de crisis, con escuelas en mal estado y hospitales sobrecargados. Según datos oficiales, en 2023 se registró un 142% de aumento en adolescentes de 15 a 17 años fuera del sistema educativo, una alarmante cifra de deserción atribuida en parte a la falta de apoyo en comunidades vulnerables. A la par, programas de becas y subsidios para familias de escasos recursos han sufrido recortes, debilitando la red de contención social.
La diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, critica que por cumplir metas fiscales a corto plazo “este gobierno está abandonando el contrato social histórico”, sacrificando la inversión en educación y prevención del crimen. Ramírez lamenta que la prioridad pareciera ser la imagen internacional financiera, mientras “el país lo paga con la disminución en el gasto social… Los más vulnerables son quienes más lo van a sufrir, y nos puede llevar a una descomposición social”. Los altos índices de criminalidad, narcotráfico y violencia juvenil serían en parte reflejo de estas decisiones. En síntesis, hay consenso en que un Estado ausente en lo social deja el campo fértil para que prolifere la inseguridad. La recuperación pasa, según los especialistas, por retomar la inversión en escuelas, opciones de empleo, cultura y deporte especialmente en las zonas marginadas, pues “al recortar la inversión social y priorizar la deuda, se provoca un retroceso social con consecuencias negativas” advierte el economista Leiner Vargas.
Respuestas desde la sociedad civil
Ante la magnitud del desafío, organizaciones civiles costarricenses se han movilizado para mitigar los efectos de esta crisis de valores y violencia, intentando llenar los vacíos que deja el Estado. La Fundación Paniamor, con más de 35 años de trayectoria, trabaja en una forma “distinta y potente de afrontar la violencia y la exclusión social” enfocada en la niñez y adolescencia. Esta organización desarrolla programas de prevención de la violencia, crianza respetuosa y ciudadanía digital, reconociendo que niños y jóvenes cuyos derechos son vulnerados hoy difícilmente serán ciudadanos pacíficos mañana. Iniciativas como “Niñez Ciudadana” y “Seguras y Fuertes” de Paniamor educan en valores de respeto, igualdad de género y resolución pacífica de conflictos, impactando decenas de miles de menores y sus familias cada año.
En las comunidades empobrecidas, la ONG TECHO Costa Rica reúne a voluntarios jóvenes para construir viviendas de emergencia e infraestructura básica en asentamientos precarios, promoviendo la inclusión. Su meta es avanzar “por una sociedad sin pobreza” y saben que la vivienda digna es solo el comienzo: además de casas, desarrollan proyectos de acceso a agua potable, electricidad y espacios comunales, siempre en conjunto con los vecinos. TECHO ha logrado que cientos de familias en zonas olvidadas (incluyendo barrios de Limón y Puntarenas) mejoren sus condiciones de vida inmediatas, a la vez que involucra a la juventud urbana en servicio social, cerrando brechas de comprensión entre estratos sociales. Otras organizaciones abocadas a mantener a los jóvenes en el sistema educativo han cobrado relevancia para frenar la deserción que alimenta la delincuencia: la Fundación Acción Joven, por ejemplo, conecta a estudiantes de colegios públicos en riesgo con oportunidades de mentoría, becas y capacitación para que no abandonen sus estudios. Creada en 2006, Acción Joven y programas similares buscan “que cada joven tenga oportunidades educativas de calidad, independientemente de su zona geográfica o condición”, combatiendo las causas de la exclusión escolar (pobreza, necesidad de trabajar, falta de apoyo) mediante redes de tutores y alianzas con empresas. Igualmente, la Fundación Monge y la ONG FUDESER otorgan becas, equipos y orientación a estudiantes de bajos recursos, entendiendo que mantener a un adolescente en las aulas hoy puede ser la diferencia entre un adulto profesional o uno marginado mañana. Estas iniciativas de la sociedad civil, junto con esfuerzos comunitarios de seguridad ciudadana y prevención (como comités locales de paz, iglesias y asociaciones de desarrollo), demuestran que hay una respuesta colectiva gestándose frente a la violencia. No obstante, sus líderes coinciden en que sin políticas públicas robustas y sin atacar las causas de fondo (pobreza, desigualdad y falta de oportunidades), su impacto seguirá siendo insuficiente.
La prevención inicia en casa
Más allá de las políticas estatales y los programas sociales, muchos observadores resaltan que la reconstrucción del tejido social inicia en el hogar. La familia es la primera escuela de valores: es allí donde se aprende respeto, tolerancia y manejo pacífico de conflictos, o por el contrario, donde germinan la violencia y la delincuencia. Estudios regionales muestran que muchos criminales llevan la violencia “heredada” de su entorno familiar. De hecho, un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que un 47% de los presos en Latinoamérica reportan haber sufrido violencia en su casa durante la niñez, y un 32% fueron testigos de violencia doméstica entre sus padres. Quienes crecen normalizando el maltrato o el irrespeto tienen mayor tendencia a replicarlo de adultos. En otras palabras, la violencia se aprende. Por eso, si Costa Rica desea frenar la ola de criminalidad en el largo plazo, deberá apostar por fortalecer la familia y la educación en valores: promover la crianza respetuosa, erradicar la violencia doméstica y enseñar con el ejemplo la empatía y la honestidad. Cada madre, padre o encargado tiene un rol protagónico inculcando en los niños principios como la resolución dialogada de problemas, la solidaridad con quienes tienen menos y el respeto a la ley. Las escuelas también son clave reforzando estos valores en la etapa formativa.
Costa Rica enfrenta un punto de inflexión. El deterioro de valores y el auge de la violencia son dos caras de la misma moneda y requieren una respuesta integral. Recuperar el respeto y la solidaridad social, invertir en las personas y cerrar las brechas de desarrollo no solo son imperativos éticos, sino estrategias concretas de seguridad nacional. Como bien señala el OIJ, es tan crucial desarticular bandas criminales como reconstruir el tejido social que impida que esas bandas sigan reclutando a la próxima generación. En este esfuerzo, el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y las familias deben actuar de la mano. El camino de regreso a la paz social en Costa Rica pasa por revivir aquellos valores que alguna vez la distinguieron y brindar oportunidades donde hoy solo hay olvidados. Solo así se podrá frenar la violencia que amenaza el futuro y honrar el legado pacífico de la nación.
