La escena fue tan simbólica como reveladora. El 11 de julio de 2025, durante un acto oficial en Acosta, el alcalde Nelson Umaña Quirós, hasta entonces militante del Partido Liberación Nacional, anunció su renuncia al partido que lo llevó al poder. Su nueva lealtad: el presidente Rodrigo Chaves. “Señor presidente, cuente con mi apoyo para continuar adelante”, declaró Umaña, mientras Chaves le respondía sonriente con elogios. Este gesto no fue aislado. Se inscribe en una tendencia creciente conocida como la “estrategia Cisneros”, una operación política que ha comenzado a reconfigurar el mapa institucional costarricense.
Desde 2024, Costa Rica ha presenciado una ola de deserciones partidarias sin precedentes. Alcaldes, regidores y figuras locales de diferentes agrupaciones han abandonado sus partidos originales para declararse independientes y manifestar abiertamente su adhesión al mandatario. Una de las manifestaciones más visibles de este fenómeno ocurrió en Pérez Zeledón, donde más de una decena de representantes municipales, en su mayoría electos por el Partido Nuestro Pueblo, rompieron filas y se sumaron al proyecto de Chaves. Este movimiento despierta inquietudes: ¿motivaciones ideológicas, promesas de obra pública o búsqueda de impunidad ante posibles señalamientos judiciales?
El avance del “Rodriguismo” -nombre dado al fenómeno de adhesiones personales a Chaves- ha ocurrido a pesar de que el oficialismo no compitió en las elecciones municipales de 2024. En su lugar, ha consolidado una red de apoyos informales: desde Bagaces hasta Coto Brus, pasando por Limón, San Ramón y Carrillo, varios alcaldes han roto con sus partidos, citando afinidad con el presidente o desencanto con sus agrupaciones. Algunos, como el alcalde de Atenas, incluso renunciaron al propio partido oficialista PPSD para declararse leales al mandatario, reforzando la idea de un liderazgo personalista por encima de estructuras partidarias.
Este movimiento cuenta con una arquitecta: Pilar Cisneros. La jefa de la bancada oficialista y experiodista ha sido clave en articular la estrategia territorial del oficialismo. Reconociendo la debilidad del PPSD y el fracaso de proyectos como “Aquí Costa Rica Manda”, Cisneros ha apostado por un modelo de alianzas personales con autoridades locales. Incluso ha insinuado que Chaves podría postularse a diputado en 2026 para continuar liderando su movimiento, una idea sin precedentes en la historia política reciente del país.
Las justificaciones de los tránsfugas locales suelen girar en torno a la ineficacia de sus partidos y la promesa de mayor inversión y atención desde Casa Presidencial. “Cada 15 días vienen los asesores”, dijo Alonso González, alcalde de Bagaces, al explicar su ruptura con el Partido Liberal Progresista. La alcaldesa Margoth Mora de Buenos Aires fue más directa: “Quiero ponerme a las órdenes del Gobierno”. En muchos casos, estos pronunciamientos se dan poco después de que los funcionarios enfrentaran cuestionamientos éticos o legales, como sucedió con Gabriela Jiménez de San Ramón, investigada por presunto tráfico de influencias y quien luego apareció abrazada al presidente en un acto oficial.
La oposición ha denunciado que este modelo erosiona los contrapesos democráticos. El trato preferencial que reciben los alcaldes aliados podría traducirse en discriminación hacia gobiernos municipales que se mantienen críticos, debilitando el pluralismo y la institucionalidad. Más grave aún, algunos de estos nuevos aliados tienen nexos con casos de corrupción emblemáticos, como la alcaldesa interina de San Carlos, Karol Salas, cercana al exalcalde Alfredo Córdoba, procesado por el Caso Diamante. El discurso de “cambio” ha servido de escudo para reciclar figuras cuestionadas.
Paralelamente, el gobierno de Chaves enfrenta acusaciones de corrupción y posible connivencia con redes del crimen organizado. La Fiscalía General ha abierto causas contra el presidente, su vicepresidente, varios diputados oficialistas y la propia Cisneros, por supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña de 2022. Además, está en investigación una denuncia por concusión relacionada con contratos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Estas imputaciones, lejos de debilitar el discurso presidencial, han sido utilizadas para reforzar su narrativa de persecución política.
El presidente ha respondido con una estrategia de confrontación: ataca abiertamente a la prensa, al Ministerio Público, al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Corte Suprema. Ha llamado “idiotas” a diputados opositores y calificado al Fiscal General como “matón”. En sus conferencias semanales, conocidas como las “conferencias de los miércoles”, dedica largos segmentos a desacreditar a sus críticos. Esta retórica polarizante ha contaminado el debate público y alimentado una base militante que replica sus ataques en redes sociales contra periodistas y adversarios.
Mientras tanto, la seguridad ciudadana se deteriora. El año 2023 cerró como el más violento de la historia con 657 homicidios, y la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social y el rezago educativo persisten sin respuestas estructurales. En este contexto, el avance del “chavismo” genera una paradoja: mientras la democracia se debilita, la popularidad presidencial se mantiene alta.
La estrategia Cisneros ha permitido a Chaves mantenerse en el centro del escenario político, consolidando apoyos en gobiernos locales y desafiando a los partidos tradicionales. Pero también ha tensionado los equilibrios institucionales, fomentado la deslealtad partidaria y debilitado la confianza en el sistema. Con las elecciones de 2026 en el horizonte, Costa Rica enfrenta una encrucijada: consolidar un movimiento personalista con aires de caudillismo, o reforzar los pilares de su democracia. El desenlace definirá no solo el futuro de Rodrigo Chaves, sino también el de una república que solía ser ejemplo de estabilidad en América Latina.
#EstrategiaCisneros #RodriguismoEnMarcha #TránsfugasDelPoder #DemocraciaBajoPresión #CostaRicaEncrucijada
